Mientras las muertes siguen sucediéndose en las rutas argentinas, un proyecto de ley que impulsa la construcción de una red de autopistas libres de peajes y la rehabilitación de los ferrocarriles, sigue esperando ser tratado en el Congreso Nacional.
De acuerdo con las estadísticas recopiladas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, la Argentina ostenta uno de los índices mundiales más altos de mortalidad producida por accidentes de tránsito.
Según esta información, debido a los accidentes viales fallecen en nuestro país más de 20 personas por día y cerca de 8.000 por año, en tanto que se registran anualmente unos 120 mil heridos de distintos grado, además de cuantiosas pérdidas materiales que algunas estimaciones llevan a 10 mil millones de dólares por año.
Estas cifras resultan sumamente elevadas si se comparan con los índices internacionales, tomando en cuenta la población y la cantidad de vehículos en circulación en nuestro país, los que ya superan los 10 millones de unidades.
Frente a esta cruda realidad, en el ámbito legislativo nacional continúa esperando su tratamiento, desde hace varios años, el proyecto denominado "Red Federal de Autopistas, por un país integrado y solidario", tendiente a la concreción de una red de 13.346 kilómetros que uniría capitales de provincia, centros turísticos, puertos de ultramar y países limítrofes.
Este proyecto de ley, impulsado por la Fundación Metas Siglo XXI que preside el doctor Guillermo Laura, propicia "la implementación de un programa nacional de largo plazo, que tiene como meta la modernización de la infraestructura del transporte terrestre en todo el territorio de nuestro país y configura la implantación de una verdadera política de Estado”.
Caminos y vías obsoletos
Explica, asimismo, que casi la totalidad de nuestra red vial fue diseñada en la década del 30, carreteras por las que en la actualidad circula una enorme cantidad de modernos vehículos, generándose accidentes atribuibles, en su gran mayoría, a la obsolescencia de la infraestructura.
Un panorama similar se evidencia en el sistema ferroviario, que otrora conformara la red más relevante de América del Sur y que hoy está, en la mayor parte de sus tramos, casi intransitable.
Por tal motivo, el proyecto de ley apunta a que el Poder Ejecutivo Nacional asuma la contratación, por concesión de obra pública, "de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de una red de autopistas libres de peaje directo, que vinculen al 82 por ciento de la población total del país, y 1.150 ciudades del interior.
Las obras se llevarán a cabo utilizando las rutas nacionales existentes y comprenderían la duplicación de la calzada actual y la construcción de cruces a distintos nivel en correspondencia con caminos transversales y y ferrocarriles.
La ambiciosa iniciativa también prevé la construcción de circunvalaciones de zonas urbanas, así como áreas de servicio cada 100 kilómetros que contarían con centros de control de tráfico y detección de condiciones climáticas desfavorables para la seguridad de circulación.
Asimismo y siempre que las condiciones del entorno lo permitan, está previsto el ensanchamiento de los trazados hasta un máximo de 300 metros para facilitar una forestación intensiva.
Los concesionarios de la red de autopistas deberían llevar a cabo las obras, mantenerlas y restituirlas -una vez vencido el plazo contractual previsto por 30 años- al Estado Nacional en perfecto estado.
El artículo 5 del proyecto de ley especifica que "las concesiones se adjudicarán en licitación pública en base al precio cotizado por obras llave en mano, con ajuste alzado absoluto, a ser financiadas íntegramente por el adjudicatario".
"El precio cotizado incluirá todos los costos de los concesionarios hasta la efectiva habilitación de cada tramo de obra, incluyendo el proyecto de ingeniería de detalle, la construcción de las obras principales y accesorias, el mantenimiento y operación, y seguridad vial".
En otro orden, el artículo 6 destaca que "el poder de policía de prevención y control de tránsito para optimizar la seguridad vial quedaría asignado, en forma exclusiva, a la Gendarmería Nacional. El concesionario deberá brindar, a su exclusivo costo, el apoyo logístico integral con todo el equipamiento necesario para que la citada fuerza pueda dar cumplimiento a este cometido".
El esquema financiero
También se hace hincapié en que circular por todo el país a flujo libre, sin pagar peaje, sólo costaría muy pocos centavos por litro de combustible por cada módulo de mil kilómetro, que recién se tendrán que afrontar una vez que las obras estén concluidas.
Desde la Fundación Metas Siglo XXI se hace hincapié en que la Red Federal de Autopistas puede ser una realidad sólo mediante una decisión del Parlamento Nacional.
"Únicamente el Congreso tiene facultades legales para integrar todo el territorio con un sistema vial que, por ser interjurisdiccional, es por su propia naturaleza de competencia federal exclusiva. Si cada provincia tuviera que afrontar la construcción no se lograría la integración de un sistema de red, porque habría tramos aislados y no se completarían los itinerarios".
En tal sentido, se cita como ejemplo, lo acontecido con la ruta nacional 7. "Este estratégico corredor bioceánico sólo está habilitado en el tramo correspondiente a la provincia de San Luis, que es el de menor caudal, mientras que no está realizado en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba".
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